Congreso de la República aprobó Ley de Reconstrucción del país que vulnera derechos de los pueblos indígenas
Congreso de la República aprobó Ley de Reconstrucción del país que vulnera derechos de los pueblos indígenas
Mar, 02/05/2017

El martes 25 de abril, el pleno del Congreso de la República aprobó la “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, propuesta por el Ejecutivo para impulsar las medidas requeridas para la reconstrucción de nuestro país luego de las catástrofes ocasionadas por el fenómeno de El Niño Costero. Sin embargo, más allá de las razones que sustentan esta norma, lo cierto es que ésta se constituye como un nuevo ejemplo de la reiterada y sistemática negación y atropello de los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo.

 

En efecto, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, el cual CNA integra, para alcanzar prontamente al Congreso las justificadas observaciones y objeciones sobre las disposiciones de dicha iniciativa que afectan, entre otros, el derecho al territorio ancestral y el derecho a la consulta previa y al consentimiento de nuestros pueblos originarios, aquella fue aprobada casi sin cambios en esta materia. Tal es el caso de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, la cual, como denunciamos en su oportunidad, avala la posibilidad de que el Estado disponga el desplazamiento o reubicación de los pobladores afectados hacia territorios de las comunidades campesinas y nativas, sin garantizar el respeto a la consulta previa, la necesidad de un acuerdo previo y el resarcimiento por los impactos que dichas reubicaciones pudieran generar sobre los territorios ancestrales. Ahora, esta disposición ha sido sustituida por una que, eliminando toda mención a las comunidades campesinas y nativas, pretende colocar bajo la alfombra cualquier vulneración a nuestros derechos recurriendo al concepto de “tierras de propiedad de terceros”, en una clara maniobra del Congreso para evadir el proceso de consulta previa que corresponde en este caso, además de extender los potenciales efectos negativos de esta disposición sobre todos los propietarios de tierras, como es el caso de los pequeños productores agropecuarios.

 

Se mantiene intacta, por su parte, la Segunda Disposición Complementaria Final, en la que se hace mención a la aplicación del Decreto Legislativo n.º 1192 (Ley de Expropiaciones), la cual contempla la posibilidad de que el Estado expropie los territorios de las comunidades campesinas y nativas cuya propiedad o posesión no pueda ser acreditada con absoluta certeza, esto es, a través de un título de propiedad totalmente saneado y georreferenciado (algo que es casi imposible de encontrar entre nuestras comunidades), contraviniendo así lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI. De igual forma, sigue en pie la Novena Disposición Complementaria Final, la cual permite, a través de la extraña figura legal denominada “obras por terrenos”, que los privados que inviertan en el encausamiento y escalonamiento de los ríos puedan acceder, a través de diversos mecanismos legales, al uso y usufructo de las tierras aprovechables que se obtengan como consecuencia de dichas acciones, algo que en la práctica implica un serio riesgo a la propiedad rural de nuestras comunidades y pequeños agricultores asentados en zonas no vulnerables próximas a los ríos y que han sido afectados por los desastres. Por ello, las organizaciones indígenas estaremos vigilantes a la forma en que se aplicará específicamente este mecanismo a través de la respectiva ley que apruebe el Congreso.

 

De otro lado, y demostrando una vez más que nuestro Congreso no gobierna realmente para el bienestar integral de todos los peruanos y peruanas indígenas, decidió ignorar la recomendación de la Defensoría del Pueblo de que, además de los enfoques de gestión de riesgo y de sostenibilidad, se aplique en el proceso de reconstrucción el enfoque de derechos, obviamente porque ello implicaría hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas y los derechos colectivos de nuestros pueblos originarios por encima de los intereses de los grandes inversionistas privados. Y, de igual modo, se rechazó de plano la propuesta de incluir el enfoque de interculturalidad, alegando los representantes del partido de gobierno, que eso era algo “romántico”, más aún cuando no estábamos frente a un proceso de “desarrollo nacional”, sino únicamente de reconstrucción, contradiciendo así abiertamente el concepto mismo de “reconstrucción con cambios” que tanto alega el Ejecutivo.

 

Finalmente, en la norma aprobada se sigue ignorando absolutamente la indispensable participación de las organizaciones representativas de las comunidades indígenas, de los pequeños agricultores y de los pobladores afectados por los desastres, concentrándose íntegramente las decisiones en un organismo eminentemente centralista y que relegará a los gobiernos regionales y locales a roles menos que secundarios. De todo lo cual, se deduce que la verdadera intención del Ejecutivo es aprovechar las grandes oportunidades económicas que brindará el proceso de reconstrucción de nuestro país para favorecer a los grandes inversionistas privados afincados en la CONFIEP, quienes, a no dudarlo, serán los auténticos beneficiados con este proceso antes que los miles de pobladores damnificados y afectados, porque, de lo contrario, no se explica cómo es que un proceso de reconstrucción pueda durar hasta cuatro años (coincidentemente, todo el tiempo que le resta del actual gobierno).

 

Es incuestionable que el proceso de reconstrucción es indispensable y necesario para nuestros miles de hermanos y hermanas damnificados y afectados, y en ese sentido la CNA ratifica su decisión de apoyar en todas las acciones que se requieran para ello; pero es igualmente claro que tal proceso debe llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos colectivos de nuestros pueblos originarios. Por ello, desde la CNA rechazamos que el Congreso y el Ejecutivo sigan actuando a espaldas de nuestros pueblos e ignoren sus demandas, e invocamos a nuestras bases regionales a permanecer alertas frente a los abusos y arbitrariedades que, al amparo de esta ley, se cometan contra los territorios de nuestras comunidades indígenas y nuestros pequeños productores agropecuarios, invocándolos a unir fuerzas para que las disposiciones de esta ley y normas como el Decreto Legislativo n.º 1333 y demás paquetazos aprobados de manera inconsulta sean derogadas y expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

Confederación Nacional Agraria – CNA. Perú, 27 de abril 2017.

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